Se reduce el plazo de pago a los autónomos a 30 días

Por: Equipo BeeDIGITAL

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Como autónomo, puedes tener clientes de lo más variopinto, pero estos se dividen esencialmente en dos grupos: los clientes privados y las administraciones públicas.

Estas dos tipologías de clientes están bien diferenciadas. Mientras que con los clientes privados lo que manda es el contrato firmado entre las partes, en las administraciones públicas la cosa se complica un poco más con las leyes y la aceptación y reparto de presupuestos, por no hablar de la adjudicación del empleo, para la cual se deben pasar largos y complejos procesos de admisión.

Tener como cliente a una administración pública siempre es un reto importante que puede dar prestigio a tu trabajo, pero este tipo de clientes también tiene sus inconvenientes. Además de los largos y tediosos procesos de adjudicación de empleo, el principal problema con el que te vas a encontrar al trabajar con las administraciones públicas es el plazo de pago.

El plazo de pago de las administraciones públicas

Desde hace unos años se viene implantando una ley que afecta directamente a todas las administraciones públicas y que se creó para luchar contra la morosidad. Esta ley se ha ido implementando poco a poco hasta llegar a lo que hoy se exige a las administraciones.

Una de estas exigencias afecta directamente a la vida del autónomo ya que, por ley, el periodo máximo para pagar las facturas se ha reducido a 30 días. Estos 30 días son la norma general pero, dependiendo del tipo de servicio prestado o el producto adquirido, el plazo puede alargarse hasta los 60 días. Muchos ven este plazo aún demasiado amplio, ya que afecta directamente al flujo monetario con el que cuentan como autónomos. Otros, sin embargo, lo ven todo un logro, ya que los plazos de pago anteriores se caracterizaban por un desorden total, que afectaba tanto a empresarios/autónomos como a las mismas administraciones.

Las administraciones siguen sin cumplir los plazos de pago

Pese a esta ley, el plazo con el que han pagado las administraciones a sus proveedores a lo largo del primer trimestre del año ha sobrepasado ampliamente el estipulado por la ley.

Este primer trimestre el plazo ha sido 93 días de media. Si los comparamos con lo que dicta la ley, son datos realmente negativos, ya que se triplica lo estipulado pero, si se comparan con datos de años anteriores, se puede observar una gran mejora. Por ejemplo, en el caso de las administraciones públicas locales la reducción del plazo ha sido más efectiva, ya que desde 2012 hasta ahora el porcentaje de reducción ha sido un 58,5 %, lo que significa que han pasado de pagar a 164 días a hacerlo a 68 días. Esta disminución ha sido mucho menor en el caso de las administraciones autonómicas, que han pasado de 158 días de pago a tan solo 118, reduciendo así un 25,3 % el plazo medio de pago. En el caso de la Administración Central los datos también son favorables: el plazo se ha reducido de 60 días a 44.

Dentro de las comunidades autónomas, no todas están realizando los mismos esfuerzos o registrando los mismos resultados. Comunidades como Asturias, Castilla-La Mancha y Canarias han reducido su plazo de pago, mientras que otras como, Aragón y Madrid lo han aumentado ligeramente.

Pese a que todas, o la gran mayoría, van por buen camino, son muchos los cambios que deben impulsar si quieren ajustarse a las leyes.